La autarquía sentimental

Desde que se aprobó la Proposición 8 en California, a algunos conservadores les ha dado por exigir, en nombre de la pobre democracia, que la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo se someta a referéndum en todo lugar donde se apruebe (Portugal es el último ejemplo). Sorprende la concepción de la democracia que tiene algunos, que la entienden como la dictadura de la mayoría, no como el gobierno justo de la mayoría. Según este punto de vista, si los alemanes en los años treinta deciden en un referéndum que los judíos han de tener menos derechos, se trataría de algo justo y democrático. Claro, es que la minoría ha de aceptar que las reglas del juego son éstas y que no puede reclamar ser tratada igual que la mayoría. Que se reproduzcan más rápido que la mayoría hasta sustituirla y que entonces hagan las leyes que quieran, faltaría más.

¿Han de tener los negros los mismos derechos que los blancos? Si esto se hubiera sometido a referéndum cuando el movimiento por los derechos civiles, en muchos lugares de Estados Unidos seguiría existiendo segregación hoy en día. A nadie se le ocurre que los derechos civiles de las minorías étnicas tengan que someterse a referéndum; sin embargo, a algunos les parece razonable que sí se haga cuando se trata de los derechos de los homosexuales. La idea, para entendernos, es que hay que apelar a los prejuicios de la gente y consultarle si ve bien que sus vecinas —por ejemplo— puedan casarse. Y esto les interesa a los grupos conservadores porque saben que la respuesta puede ser: «no, estoy en contra de que mis vecinas se casen, aunque a mí en nada me afecta». Esto último no se dice, por supuesto, pero es la realidad. El matrimonio entre personas del mismo sexo no incumbe más que a los interesados, es delirante que alguien quiera inmiscuirse en lo que haga un tercero con su vida.

Esta intromisión en la vida de terceros se justifica torpemente aduciendo que la sociedad en su conjunto se ve afectada. Repiten cosas como que el matrimonio homosexual destruye a la familia. Muy bien, pero entonces la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo destruye a la familia? ¿Cómo atenta contra ella? Las consignas pueden estar muy bien para los convencidos, pero no nos bastan, queremos un argumento razonado que se base en la realidad, no en la fantasía. ¿En qué afecta a la familia de Fulano que sus vecinas se casen? Es una pregunta muy sencilla que requiere una respuesta; los dogmas de fe están fuera de este debate. ¿Acaso es que los heterosexuales van a divorciarse en masa para casarse con personas de su mismo sexo?

Otro supuesto argumento utilizado es el famoso: «que tengan los mismos derechos, pero que no lo llamen “matrimonio”». Es decir, una actualización del «separados, pero iguales». Con el pretexto de convertirlo en una cuestión lingüística de lo más inocente, intentan enmascarar su deseo de que sigan existiendo diferencias. Uno no deja de preguntarse con qué derecho se creen los católicos para reclamar la propiedad de la palabra «matrimonio» (y por qué no tienen ningún problema con que el matrimonio civil se llame así).

Claro que, por otra parte, todo esto nos suena demasiado. Polémicas parecidas se vivieron ya con la aprobación del divorcio. A unos fervientes católicos de férreas convicciones en lo respecto al carácter sagrado del matrimonio poco debía importarles, pues nunca cometerían el pecado de divorciarse. Pero no era eso lo que les preocupaba, era lo que hicieran los demás con sus vidas. «Yo no quiero que mis vecinos se divorcien», era la idea subyacente, el lema no escrito. «Aunque a mí en nada me afecta».

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