Rimando el ascua

Este post es un poco más largo de lo habitual; es un relato que escribí hace cosa de un año. Que me disculpen los lectores menos pacientes.

Teníamos un problema y quisimos solucionarlo. No es culpa nuestra todo lo que pasó después.

Nuestro país vivió años felices tras la Guerra. Había que reconstruir el mundo, así que nos pusimos manos a la obra. Pocos años después observamos que, por decirlo de algún modo, la tierra quemada es a veces más fértil. El crecimiento económico se disparó: nacieron grandes empresas, y atrajimos enormes capitales extranjeros que, al poco, decidían establecerse y convertirse en parte de nosotros. Se fabricaron más coches que nunca; se abrieron carreteras para que circularan. La industria dio trabajo a todo el país, y los hijos de esos nuevos obreros llenaron las universidades, poblaron los cines y los restaurantes. Las leyes aún eran duras, como corresponde a leyes escritas en tiempos de guerra; eso hacía que el país fuese una balsa de aceite. Por aquel entonces, apenas teníamos que seguir conduciendo la máquina, que por todo lo demás andaba sola.

En esa época empezaron a llegar los inmigrantes. Al principio eran pocos y fue bueno; ninguno de los nuestros tuvo que volver a fregar un suelo, a subirse a un andamio, a deslomarse en el campo a pleno sol. La economía creció más aún; nuestro país era, cómo decirlo, algo así como una hiedra trepadora. No parábamos de crecer y todo a nuestro alrededor se volvía parte de nosotros.

Pero, poco a poco, los inmigrantes empezaron a traer problemas. Estaban los menos afortunados, a los que cualquier vaivén insignificante (una empresa que recorta personal; una temporada de sequía) dejaba en la calle. Algunos llegaban a estar desesperados hasta el punto de delinquir. Otros no habían tenido nunca intención de ser útiles; sólo vinieron porque buscaban un mercado que pagara mejor sus barrabasadas. También estaban los que habían prosperado. Estos empezaron a enviar también a sus hijos a las universidades, a disputarse los puestos de trabajo con los nuestros. Alguna gente comenzó a sentirse amenazada, y nos dimos a pensar en la expulsión de aquellos advenedizos.

En aquel momento, un jurista (hay una foto de él en las hemerotecas, de aquel día, con el largo bigote temblándole de miedo al hablar) descubrió un olvidado e inconveniente artículo de la Constitución. Había sido añadido durante la Guerra, para animar a voluntarios de otros países a luchar de nuestro lado. Básicamente, concedía la ciudadanía plena, de forma automática, a cualquiera que hiciera un servicio por la patria. Ése fue el verdadero principio del fin. Si entonces nos hubiéramos atrevido a cambiar la Constitución, no habría sobrevenido la catástrofe de después. Pero nos dio miedo, o pereza, o quizá no lo creímos necesario.

El caso es que al poco los inmigrantes reclamaron ante la Justicia su ciudadanía. “Si trabajamos aquí”, dijeron, “si criamos aquí a nuestros hijos y aquí pagamos impuestos, está claro que estamos sirviendo a esta patria. Así que somos ciudadanos”. Los Tribunales, con una desgana comprensible, fallaron a su favor. Todo el que pudo probar que trabajaba y era útil juró la Constitución. De repente había varios millones de nuevos ciudadanos.

Intentamos, al menos, librarnos de los demás. Nuestra Carta Magna nos permitía expulsar a todo no ciudadano, y eso hicimos. Costó algunos meses, pero limpiamos las calles, que durante algún tiempo volvieron a ser tan seguras como habían sido antes. Entonces se nos ocurrió una idea que seguimos considerando brillante. Para poder echar a los nacionalizados, redactamos una ley que permitía anular la recién ganada ciudadanía a “todo aquel que no honrara dicho derecho”.

Aquello nos dejaba un amplio margen. Unas veces consideramos deshonor criticar nuestras políticas; otras, no trabajar lo bastante duro o divorciarse de una de nuestras mujeres. Poco importaba. Comenzamos a expulsar gente; ésa fue la primera parte del plan. La segunda empezó cuando sus líderes de opinión movilizaron a los inmigrantes y los sacaron a la calle. Les azuzamos por las esquinas usando a la policía, hasta que al fin sintieron nuestro mordisco y se revolvieron. Aventamos la violencia y no dimos la orden de cortarla hasta que el caos era casi general.

Así pudimos acusar de rebelión a aquellas masas. Desde ese momento no tuvimos que volver a inventar nuevas culpas: cada vez que queríamos expulsar a alguien de nuestro país, sencillamente “probábamos” que había asistido a aquellas protestas. La gente, aún asustada por la posibilidad de que se repitieran aquellos terribles disturbios, cayó y miró hacia otro lado.

Durante algún tiempo el plan funcionó a la perfección. Aquellos inmigrantes, a los que en la nueva ley nombramos neociudadanos, inclinaron el cuello y trataron de pasar desapercibidos. Pero, una vez más, uno de los nuestros habló a destiempo y de lo que no debía: señaló algo que, aunque obvio, se nos había pasado por alto. En una reunión afirmó, entre bromas y veras (y visiblemente espantado), que aunque la nueva ley se dirigía a los neociudadanos, dicha denominación no aparecía en nuestra Constitución, por lo cual no había forma legal alguna de diferenciar a un inmigrante de un ciudadano.

Nunca hemos conseguido explicarnos cómo se supo aquello. Quizá estábamos bajo una vigilancia que no conocíamos; tal vez alguno de nosotros sentía unas simpatías nada propias de su posición. Es posible que haya alguna explicación más prosaica: una invisible camarera que, mientras servía nuestras bebidas, escuchara todo. Lo cierto es que a los pocos días todo el país discutía la cabriola legal. Nuestros propios ciudadanos afirmaban que la Constitución no permitía diferenciar entre ciudadanos; afirmaban, nada menos, que estábamos traicionando al espíritu de la patria. El debate armó tal escándalo que decidimos dar un golpe de efecto para congraciarnos con la ciudadanía: declaramos que, efectivamente, todo el mundo debía de ser igual ante la ley, y por tanto también a los ciudadanos natos se les podría retirar su derecho de ciudadanía si lo deshonraban.

Aquella perversa conclusión, de cuyo efecto ni siquiera entonces estábamos muy seguros, pareció contentarlos por un tiempo. Pedían justicia; les dimos algo parecido: si bien la situación no era buena para nadie, era igual de mala para todos. De hecho, durante un tiempo aquella puntualización nos fue útil: pudimos desterrar también a los que, bien por principios o por haberse relacionado demasiado con los neociudadanos, se excedían en su defensa hacia ellos.

Pero no contábamos con lo que empezó a ocurrir. Al principio fue un leve goteo: uno o dos cada día, en distintas ciudades del país; parecían no estar conectados entre sí, y no le dimos mayor importancia. En las siguientes semanas empezó a haber colas en las notarías y juzgados; al fin, la prensa se hizo eco de lo que estaba ocurriendo. Muchas personas, ciudadanos natos y neociudadanos, estaban renunciando voluntariamente a su ciudadanía. Por escrito. Aquello, evidentemente, no podía interpretarse más que como un acto de deshonor voluntario a su derecho; así que, como una consecuencia imprevista de todos nuestros planes, nos encontramos con que hombres y mujeres nacidos aquí, incluso algunos de nuestros hijos, se convertían por decisión propia en sinpapeles en su propia tierra.

Atribuimos aquella iniciativa (equivocadamente, como luego se demostró) a un movimiento subversivo de apoyo a los inmigrantes. Intentamos, con rápidas y violentas expulsiones, que el miedo deshiciera aquellas largas colas que cada mañana nos mostraban la inexplicable estupidez de nuestro pueblo. Sólo conseguimos que cada vez más gente se sumara a ellas. Tiempo después, apareció un artículo de aquel momento, escrito por un famoso periodista (de los primeros en renunciar a su ciudadanía), que explicaba aquella delirante situación: “no fue rebelión. Ni indignación. Tampoco una cuestión de principios o un silencioso y altivo golpe de guante para desafiar el status quo. Fue, sencillamente, hastío. Estábamos aburridos, mortalmente aburridos de aquel gobierno; de tener que esconder la cabeza bajo la almohada para no oír los golpes y gritos, sofocados por la madrugada, en las casas vecinas; de que desaparecieran personas queridas de la noche a la mañana y tuviéramos que fingir que nada había ocurrido. Estábamos cansados de tanta estupidez, y de no tener forma alguna de gritarles a los legisladores y poderosos que no queríamos participar de su extraño juego. Y de repente ellos mismos nos brindaron el altavoz y el escenario para hacerlo. Renunciamos a nuestra ciudadanía, y con ello quisimos renunciar de un golpe a todo en lo que nuestro país se había convertido, al futuro que parecía aguardarnos, agazapado como un salteador de caminos. No queríamos ser héroes; sencillamente nos negábamos a formar parte de todo aquello. En esos días, les dijimos a nuestros gobernantes que, si lo que estaba ocurriendo era el precio por un presunto bienestar, lo rechazábamos. Les devolvimos lo que nos habían dado, porque de repente descubrimos que no era nada”.

Los periódicos dejaron de publicar todo lo que no fueran las crónicas de nuestra lenta caída y las interminables listas de iniciales de quienes ya no eran ciudadanos del país; “queremos así” (afirmaba la portada de uno de ellos) “demostrar a quienes temen hacer lo que deben que no están solos”. Juraron esperar hasta el final para seguir contando la historia, para poder denunciar todo lo que ocurriera. No fue necesario: muy poco tiempo después de que empezara todo, el volumen de gente que revocó su derecho de ciudadanía superó con creces nuestra capacidad para la represalia. La lealtad de la policía duró sólo dos semanas; el ejército, al intuir que muy pronto daríamos una orden que no deseaban cumplir, abandonó los cuarteles en silencio, tras romper sus armas contra el suelo, sin uniformes; como si nunca hubieran estado allí, se disolvieron entre la muchedumbre. Los empresarios, los terratenientes, los grandes industriales se vieron superados por las circunstancias. Unos pocos fingieron haber estado siempre de parte del populacho; la mayoría llenó lo más deprisa que pudo sus maletas y sus cuentas bancarias en el extranjero, y desapareció. Incluso los jueces, los abogados, los funcionarios rompieron su juramento y, quién sabe si finalmente cambiados de bando o simplemente asustados, se sumaron a las masas.

Un día nos despertamos y nos dimos cuenta de que teníamos un país lleno de gente, pero sin ningún ciudadano. No quedaba nadie aparte de nosotros que conservara su derecho. Lo pensamos durante todo el día, analizando fríamente cada una de las opciones. Finalmente tomamos una decisión que nos repugnaba, la elección que ninguno de nosotros había creído jamás que tendría que hacer. Es algo que ningún gobernante en el mundo desea hacerle a su pueblo. Pero no nos quedó más remedio.

Los dejamos solos. Subimos a un avión y nos marchamos. Si querían el caos, no se merecían el orden. Aquellos desarrapados lo habían estropeado todo, como un niño inconsciente que rompe su juguete; pero esta vez nos negamos a ser nosotros los que los salváramos de sí mismos. Al día siguiente, leímos en la prensa del país que nos acogió que una festiva multitud había quemado el Parlamento, utilizando para encender la pira el ejemplar original de la Constitución. No había ni uno solo de los nuestros allí; no tenían ningún líder, nadie que respondiera por ellos, nadie que los dirigiera. Decían que, afortunadamente, no tenían ningún plan para el futuro.

Estamos orgullosos del papel que tuvimos en aquella historia. Tomamos las decisiones correctas; hicimos todo lo que pudimos por el bien de nuestro país. Teníamos un problema y quisimos solucionarlo. No es culpa nuestra todo lo que pasó después.

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